Va Fiscalía Anticorrupción por otro ex secretario de Cabeza de Vaca
Ciudad Victoria, Tamaulipas. - Un juez definirá el próximo lunes 20 de octubre si vincula a proceso o no al exsecretario de Desarrollo Económico, Carlos Alberto “G”, por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, al haber autorizado un contrato mediante adjudicación directa sin cumplir con la Ley de Adquisiciones del Estado, luego de la investigación que realiza la Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas.
En audiencia reciente, el Ministerio Público expuso los señalamientos contra el exfuncionario que formó parte del gabinete de Francisco García Cabeza de Vaca, dentro de la carpeta 385/2023.
El juez de Control impuso como medidas cautelares la entrega del pasaporte, la prohibición de salir del país y la presentación periódica ante la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA).
También se determinó que Carlos Alberto “G” presente una garantía económica de 200 mil pesos que deberá cubrirse en las próximas 48 horas.
La siguiente audiencia se programó para el 20 de octubre en punto de las 8:00 de la mañana en la Sala C del Centro Integral de Justicia de Ciudad Victoria.
En diciembre de 2022, la actual titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ninfa Cantú Deándar, informó sobre irregularidades detectadas durante el proceso de entrega-recepción, por un monto superior a 32 millones de pesos.
Las anomalías se relacionan con contratos de servicios profesionales, seguridad, jardinería, promoción y comunicación, en los que se presume simulación, abuso de autoridad y cohecho, además de pagos sin evidencia de ejecución.
También se reportaron inconsistencias en el manejo de Fondo Tamaulipas, donde se detectó triangulación de recursos hacia proyectos no justificados y la asignación irregular de créditos, que provocaron una cartera vencida superior a 100 millones de pesos y moratorios por otros 200 millones.
Entre las observaciones figuran además gastos excesivos en viajes al extranjero, como un viaje a Italia donde dos funcionarios erogaron 200 mil pesos en alimentos y utilizaron recursos públicos para pagar excedentes de equipaje.
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